Ante la
aprobación de la Ley
de inversión extranjera, la banca cubana toma mediada para asegurar las
operaciones.
La apertura de
Cuba al capital foráneo, amparada en la
Ley 118 de la Inversión Extranjera, debe traducirse en fuente
de desarrollo en aquellas actividades de interés para al nación, en
correspondencia con sus proyecciones de avance económico y social a corto,
mediano y largo plazo.
Pero a tono con
esta decisión, el gobierno y las
instituciones implicadas en garantizar la viabilidad de ese proceso afinan los
mecanismos para que, legal y económicamente, ganen el país y los
inversionistas.
Por ello el
Banco Central de Cuba (BCC) toma medidas para minimizar el ingreso de capital
ilícito a través de las transacciones.
En reciente
comparecencia ante los medios, Marlié León Simón, secretaria jurídica del BCC,
explicó que la entrada de capital foráneo a Cuba parte de la transacción desde
un banco extranjero hacia uno nacional, y se coloca ese monto en una cuenta de
depósito habilitada al efecto.
Según León
Simón, este mecanismo supone que el nivel de riesgo de entrada de capital
ilícito al país disminuya, aunque no se evita totalmente.
Los bancos a
nivel mundial tienen sistemas que les permiten obtener información sobre las
actividades realizadas por sus clientes, por lo qe conocen las procedencias de
su dinero. De ahí que estas sumas, según lo regulado en Cuba, no pueden
ingresar si no es por vía bancaria.
En al
certificación del banco dirigida al notario hay una referencia donde, a partir
de la declaración del inversionista, se señala que ese capital es de legitima
procedencia. Ello exime a la institución de cualquier responsabilidad, incluso
frente a terceros, aclaró la especialista.
Adicionalmente,
la comisión de evaluación que examina la inversión, cuando solicita la
documentación, establecida en el artículo 2, numeral siete, obtiene información
sobre abonos bancarios y otros elementos que permiten valorar los ingresos del
inversionista y su posibilidad de operar en Cuba.
A partir de
este punto, el nivel correspondiente aprueba o deniega tal actividad. Se trata
de una práctica internacional, y la nación antillana se ha sumado a los
compromisos contraídos en el marco del grupo de acción financiera, en el cual
los gobiernos y todas las instituciones pertinentes luchan contra las posibles
acciones de movimiento de capital ilícito, lavado de activos y otros delitos,
señaló al experta del BCC.
Es deber del
país cumplir con los mecanismos de revisión de capitales, donde el sistema
bancario resulta clave para evitar el ingreso de dinero ilegal
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